El gobierno hizo un llamado, en días recientes, a alcanzar un gran acuerdo nacional para enfrentar la escalada de violencia que se registra en el país. Llamado que está directamente vinculado a otro acuerdo nacional que debiese impulsar el gobierno, que es el de la reactivación económica.

Porque, aunque no todos hagan esta asociación, la seguridad pública y el crecimiento económico están íntimamente enlazados, ya que en los países donde se impone la violencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo, se desploma la economía, la inversión y los sectores productivos.

Esa relación simbiótica la hemos vivido como sector desde el estallido de 2019, donde se instaló una violencia callejera de la que resultamos severamente afectados y que mantiene focos activos hasta hoy en algunas zonas del país. Sin orden público, sin estado de derecho y sin imperio de la ley, se impone la incertidumbre, enemigo número uno del crecimiento económico.

Este acuerdo por la reactivación supone por cierto una agenda de seguridad pública, por las razones que expongo anteriormente, pero debe incluir un plan integral que permita el reimpulso de la actividad económica, y con ello una mayor generación de empleos formales y de calidad, incentivos para la inversión y para la creación de nuevas empresas.

Plan que debe tener sentido de urgencia y reunir al Gobierno, Congreso, academia y por supuesto, a los distintos sectores productivos, tanto del gran empresariado como del mundo de las pymes. Porque tal como se está observando, el vuelito del crecimiento económico y la mayor demanda de estos últimos dos años, impulsado principalmente por las ayudas estatales para sortear la crisis derivada del Covid y por los retiros previsionales, se acabó, y tal como proyectan los especialistas, la economía comenzará a exhibir una importante desaceleración en los próximos trimestres.

 

En un contexto internacional complejo, que ha llevado a un incremento sustancial del costo de vida a nivel global, y que también se está sintiendo con fuerza en Chile, hacen aún más imperioso que se trabaje en una agenda de corto, mediano y largo plazo para lograr que la economía nacional logre volver a despegar y permita que el país se vuelva a reencauzar por la senda del progreso social y el desarrollo económico.

Crecimiento que debe ser entendido como sustancial, a la vez, para poder financiar y mejorar las demandas más urgentes que tienen los chilenos, como es la salud, educación y pensiones. Temas a los que hoy se agrega la inflación, para lo cual el Estado debe aplicar todas las herramientas a su disposición que permitan controlarla.

Todo este difícil contexto, debe ser considerado, además, al momento que se discutan las reformas que está llevando a cabo o impulsará el gobierno, como la reforma tributaria, reforma previsional y la reducción de la jornada laboral, por mencionar algunos. Hoy las empresas requieren más incentivos para su recuperación que cargas financieras aumentadas en el tiempo de forma permanente.

Agenda que, a su vez, debe apuntar a mejorar las condiciones que fomenten la formalidad laboral en Chile y no que acrecienten la informalidad. Entre más trabajos formales y de calidad haya, mejoran las condiciones de las personas y estas contribuyen a empujar el carro del crecimiento económico, que es lo que hoy requiere con especial énfasis el país.

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