Cuando el gobierno anterior comenzó a implementar por primera vez el pase de movilidad el 26 de mayo de 2021, se convirtió en una gran herramienta para iniciar una flexibilización controlada de las restricciones de movilidad que existían en ese momento como medida principal para enfrentar un segundo rebrote del Covid en el país, que llevó a las autoridades, en marzo de ese año, a decretar nuevos confinamientos.

En ese entonces, y hacia adelante, el pase de movilidad cumplía principalmente dos funciones: primero, incentivar que las personas se vacunaran con el esquema completo de inoculación (dos dosis), sabiendo que al completarlo podrían tener mayores libertades que si no lo hacían; y, en segundo lugar, permitir un cierto funcionamiento de actividades que hasta ese momento estaban prácticamente paralizadas, como era el caso de la gastronomía.

De eso ha transcurrido más de un año, y el pase de movilidad continúa siendo una herramienta utilizada por el actual gobierno, que, para mantener actualizado, las personas deben tener puesta una cuarta dosis. Lo cierto es que cerca de dos millones de personas se encuentran hoy con su pase de movilidad inhabilitado, porque tienen tres o menos dosis de la vacuna contra el Covid.

En días recientes, la autoridad sanitaria anunció que quienes no tuviesen el pase de movilidad habilitado, o derechamente no contaran con el documento, podrían presentar un examen PCR negativo para ingresar a recintos cerrados, como restaurantes, cines o teatros, entre otros.

La pregunta natural que surge a partir de esta flexibilización es por qué el gobierno no optó derechamente por eliminar el pase de movilidad, considerando que las personas que no lo han habilitado, pese a que venció el plazo, probablemente no lo harán.

 

El foco de las autoridades hoy no debe seguir puesto en las restricciones, sino que en las medidas preventivas y en la correcta aplicación de protocolos que permiten disminuir al máximo el riesgo de contraer la enfermedad.

De hecho, la experiencia internacional muestra que muchos países ya no exigen ninguna condición para ingresar a recintos cerrados ni establecen aforos limitados, como sigue ocurriendo en Chile, según la fase del Plan Paso a Paso en que se encuentren las comunas.

No hay que olvidar que, en Chile, la mayoría de la población tiene al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid, y en la actualidad, gran parte de las personas contagiadas no ingresan a recintos de salud, porque al estar vacunados, los síntomas son más leves. Entonces, mantener este tipo de limitaciones no se justifica, y el gobierno debiese buscar otras maneras de incentivar a que la población se vacune, sin seguir perjudicando con restricciones a determinados sectores productivos que necesitan comenzar a recuperarse hasta alcanzar niveles prepandemia.

Las herramientas o este tipo de recursos deben aplicarse en la medida que sean útiles, eficaces y que cumplan con los objetivos para los que fueron diseñados. En el caso del pase de movilidad, todo indica que ya no tienen mayor incidencia en el manejo de la pandemia ni en la recepción de la ciudadanía.

Hasta aquí, los restaurantes seguimos pagando los costos de la crisis sin ninguna compensación por parte del Estado. Eso no es justo y nos parece que es momento de ir dejando atrás aquellos aspectos y acciones que fueron necesarias en otro momento de la pandemia, pero no en el actual. Es lo que han venido haciendo muchos países, y acá en Chile, por razones que cuesta comprender, aún no hemos avanzado hacia alcanzar un equilibrio entre los debidos resguardos sanitarios y recuperar la normalidad que teníamos previa a la pandemia.

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