Aunque aún seguimos en la pandemia sanitaria del Covid, el escenario hoy es mucho más favorable que hasta hace unos meses atrás, lo que ha permitido a la economía y los sectores productivos retomar cierta normalidad.

No obstante, el sector gastronómico está viviendo otra pandemia, que es parte de un fenómeno a nivel nacional pero que golpea a nuestro rubro con particular fuerza: la delincuencia. Barrios gastronómicos en distintas zonas del país se están viendo severamente afectados por este flagelo, que ha venido creciendo con inusitada fuerza en el último período, especialmente de delitos de alta connotación pública.

El fenómeno tuvo su punto de arranque en el estallido de 2019, donde muchos locales gastronómicos y barrios completos fueron vandalizados y destruidos, provocando un daño directo a la industria, pero también indirecto, ya que lo ocurrido provocó que las personas optaran por no concurrir a esas zonas, disminuyendo de forma importante la demanda para los restaurantes.

Violencia callejera que se ha vuelto crónica en algunos lugares, ya que se sigue reiterando con cierta frecuencia, como es el caso de la zona de Plaza Italia y el barrio Lastarria, con episodios recientes de violencia. A eso se sumó ahora el incremento de la delincuencia que ha permeado en diferentes lugares, como es el caso de la zona norte, donde locatarios de Iquique ya hicieron una severa advertencia de que, si el Estado no pone freno a la delincuencia instalada en determinadas zonas de esa ciudad, muchos locales gastronómicos se verán forzados a cerrar de forma definitiva, porque ya están obligados a hacerlo en horarios más tempranos, debido a que de noche no van comensales por temor a ser asaltados.

La situación se torna dramática por dos motivos: uno, porque a diferencia de la pandemia por Covid, que ya está medianamente controlada, al punto que probablemente pase a transformarse en una endemia, la violencia es un mal que, si no se enfrenta de manera decidida por parte de las autoridades, se instalará definitivamente, incluso con más fuerza, lo que tendrá un efecto devastador para las pymes gastronómicas, que ni siquiera han podido salir de la crisis derivada del Covid.

Son miles las familias que viven de esta actividad en todo el país, por lo que garantizar su normal funcionamiento por parte del Estado no es sólo un deber, sino que también una obligación, ya que el sector realiza un importante aporte social, al ofrecer oportunidades de trabajo a muchas personas, de forma transversal, que hoy ven expuestas su fuente laboral ante un problema que no está siendo abordado de forma integral por las instituciones a cargo de la seguridad pública.

Lo que se observa son esfuerzos aislados de algunos municipios por enfrentar este asunto, colocando mayor presencia de guardias municipales y mejorando la coordinación con las policías, pero esos esfuerzos aislados que valoramos, deben ser parte de una política de Estado, en la que se involucren de manera comprometida y eficientes todos los organismos encargados de velar por la seguridad de las personas.

La seguridad es una condición básica para que la economía funcione y se pueda comenzar a recuperar de la profunda crisis provocada por la pandemia. El rubro gastronómico es parte de ese eslabón esencial para lograr la recuperación, en un escenario económico que ya se advierte muy complejo para los próximos meses, a lo que se agrega la incertidumbre que se instala con la inseguridad en los barrios.

Como sector, estamos disponibles para trabajar en conjunto con el gobierno y las autoridades en la definición de medidas y acciones que permitan frenar la delincuencia, y de esa forma, comenzar a recuperar espacios públicos vitales para la vida en sociedad, donde los restaurantes son espacios de encuentro y esparcimiento muy importantes.

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Achiga - Máximo Picallo - Opinión - Presidente Asociación Chilena de Gastronomía