Son varias las políticas públicas que se están planteando y debatiendo como parte del programa del actual gobierno, que resulta pertinente abordar, pero que requieren tener una mirada integral que contemple la realidad de las pymes del país, que son finalmente el motor que genera la mayor cantidad de empleos.

La discusión sobre el sueldo mínimo, iniciativa que busca aumentar a 400 mil pesos la renta básica este año; la propuesta para impulsar una nueva reforma tributaria; el proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas; y la reforma al sistema de pensiones son sólo algunas de las materias que podrían tener un impacto significativo para las ya sobrecargadas empresas de menor tamaño, que han estado expuestas a una prolongada crisis de más de dos años, y que hoy, cuando están empezando a repuntar, podrían verse afectadas si es que ven aumentados sus costos por políticas públicas que pueden tener un objetivo loable, pero que no son pertinentes en el actual contexto.

De hecho, cabe recordar que en el caso del sector gastronómico, compuesto en su gran mayoría por micro y pequeñas empresas, muchos de los locatarios están pagando los créditos que les otorgó el Estado para sortear la crisis derivada de la pandemia, por lo que una parte de los ingresos que actualmente están teniendo ante una mayor normalidad para funcionar, son destinado a ese fin.

Es más, la recuperación del rubro demorará un buen tiempo antes de poder dar por superada la crisis, y por lo mismo, cualquier política pública que hoy aumente los costos a los restaurantes, y a las pymes en general, terminará frenando ese repunte y dificultando la generación de nuevas fuentes de empleo.

Se trata de factores y condicionantes que el Ejecutivo y el Congreso deben tener en consideración al momento de debatir y tramitar estos temas, ya que el efecto para las pymes puede ser muy perjudicial si es que las iniciativas no se abordan con la gradualidad que se requiere.

Un ejemplo de esa gradualidad, es el enfoque con que debe ser abordado el tema del sueldo mínimo, ya que un aumento muy pronunciado no podrá ser absorbido por las pymes, lo que afectará directamente la contratación y puede llevar incluso a un incremento del empleo informal, algo que precisamente el Estado está buscando combatir y controlar, dado el fuerte incremento que se ha registrado en el último tiempo y que afecta directamente a quienes si están formalizados y pagan sus impuestos.

Más que recargar a las pymes con nuevos compromisos financieros, lo que requieren las empresas de menor tamaño por parte del Estado, son facilidades para ponerse de pie y así ofrecer mejores oportunidades laborales a las personas y sus trabajadores, estableciendo un marco de sostenibilidad que haga viable la continuidad y proyección de las empresas.

Algo similar sucede con la propuesta para reducir la jornada laboral, materia que debe considerar, por ejemplo, la realidad de los restaurantes, sector que por sus características requiere de un régimen laboral con mayores niveles de flexibilidad, que al mismo tiempo, faciliten la contratación de personal y hagan posible un funcionamiento adecuado de los locales de comida, según las particularidades del rubro. A su vez, se necesitan políticas públicas que incidan en aumentar la productividad, de lo contrario, el alza en salarios y reducción de jornada se traducirán en efectos nominales que inciden en mayor inflación, atendiendo que el aumento de costos del mundo formal incide en mayor informalidad.

Con todo, es clave que las políticas públicas que se impulsen tengan un importante sentido de responsabilidad al momento de diseñarlas, de manera que efectivamente apunten a generar un bien común y no un daño a quienes supuestamente buscan beneficiar.

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